Mientras 11 millones de inquilinos luchan mes a mes para pagar el alquiler, algunos actores privados manejan y presionan al Estado para que no exista la política de acceso a la vivienda en Argentina.
Así describió la situación el presidente de la Federación de Inquilinos, Gervasio Muñoz, quien señaló al dueño de IRSA, Eduardo Elsztain, al empresario de la construcción y primo de Mauricio Macri, Ángelo Calcaterra, y al creador de Nordelta, Eduardo Costantini, como los "lobbistas que nunca dan la cara". "Hay que entender que en el negocio de la vivienda hay actores muy pero muy pesados que determinan la lógica, incluso, de los pequeños propietarios", denunció Muñoz.
"Uno es Eduardo Elsztain, quien además hoy tiene bajo órbita la AABE, la Agencia de Administración de Bienes del Estado, que ya anunciaron que van a vender todo, no él directamente, pero quien era CEO de IRSA (empresa inmoniliaria de Elsztain) hoy es funcionario", dijo Muñoz en referencia a Nicolás Pakgojz.
Pakgojz es además exfuncionario porteño de la gestión de Horacio Rodríguez Larreta y, según reveló Página/12, a mediados de julio del 2024 Milei le concedió, mediante el DNU 636/24, mayores atribuciones para disponer de los inmuebles estatales. El plan era vender todo.
"Te terminan manejando el mercado de la vivienda. Otro es Calcaterra y el del Malba, Costantini, que está entre los cinco desorrolladores inmobiliarios más importantes de Argentina", continuó el presidente de la Federación de Inquilinos en comunicación con En el ojo de la tormenta.
El proceder de Costantini es a partir de la compra de tierras y construcción de countries para los que logra excepciones al Código Urbanístico. "Nunca son declarados como viviendas, sino como terreno baldío entonces se descubre, después de tres años, que todos los que viven ahí pagan dos mangos de impuestos porque para el Estado es un terreno baldío. Eso ARBA (Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires) lo denuncia permanentemente", subrayó Muñoz.
¿Cómo afecta a los inquilinos?
En la Patagonia, hubo mediciones realizadas por la Federación de Inquilinos en que los alquileres tuvieron aumentos de 20 puntos contra una inflación del 5 por ciento. En el Gran Buenos Aires, donde se concentra el 50 por ciento de los alquileres de Argentina, aumentaron 7,2 por ciento en mayo, seis veces la inflación de ese mes (1,5).
"El Indec mide por región la variación de los precios de los alquileres mes a mes y desde que se derogó la ley de alquileres, en diciembre del 2023 por el decreto 70/2023, los precios superan a la inflación por mucho todos los meses", planteó Muñoz.
Actualizaciones por ICL (Índice de Contratos de Locación), RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables) o inflación son algunos de los criterios que se utilizan para establecer los contratos. "Otros están atados a nada, todos los meses te van diciendo cuánto te aumentan, sin ningún tipo de lógica", reveló.
No sólo eso, según un relevamiento que hicieron desde la Federación, hoy casi la mitad de los hogares inquilinos no acceden a las cuatro comidas diarias y el 20 por ciento solo a dos comidas diarias.
Es la concentración lo que les permite a estos grandes actores inmobiliarios presionar en función de sus intereses e imponer, finalmente, la lógica de la no intromisión estatal. "Es muy silencioso porque está completamente privatizado porque tocan la educación o la salud pública y hay movilizaciones en defensa, pero la vivienda está completamente privatizada es como que te aumenten la obra social. Al Estado haberse desentidido de la política de la vivienda, la dispersión es total y ha calado muy hondo esto de 'me arreglo por la mía como puedo'", detalló el titular de la Federación de Inquilinos.
